Un informe privado advierte que más de 24.000 pymes dejaron de operar desde fines de 2023 y crecen los concursos preventivos

Un informe elaborado por el Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) advirtió que 24.437 pequeñas y medianas empresas dejaron de operar en la Argentina entre noviembre de 2023 y los primeros meses de 2026, en un contexto marcado por dificultades financieras, caída de la actividad y problemas en la cadena de pagos.

Según el trabajo, procesado por la Agencia Noticias Argentinas, el cierre de estas unidades productivas implicó además que 327.813 trabajadores dejaran de contar con cobertura dentro del sistema de riesgos del trabajo.

El relevamiento fue presentado por Germán Alberto Pizzano, abogado del Departamento Legal del IPA, quien señaló que la situación económica también comenzó a reflejarse con mayor intensidad en los tribunales comerciales.

“La crisis PyME ya llegó a la Justicia. Lo que antes se veía en la fábrica, en el comercio o en la cadena de pagos, hoy también aparece en los tribunales comerciales”, sostuvo.

Aumento de concursos preventivos

De acuerdo con los datos incluidos en el informe, los concursos preventivos registraron un incremento significativo en los últimos años.

Mientras que en 2023 se contabilizaron 82 procesos concursales, en 2025 la cifra ascendió a 190, lo que representa un aumento del 131,7%.

La tendencia, según la entidad, continuó durante 2026. En el primer trimestre judicial del año se registraron 92 nuevos procesos de este tipo.

Pizzano afirmó que el crecimiento de los concursos preventivos refleja las dificultades de numerosas empresas para afrontar sus compromisos financieros y mantener su actividad.

“El aumento de los concursos preventivos muestra que muchas empresas están entrando en una situación de impotencia patrimonial”, señaló.

Impacto sobre la actividad

El documento sostiene que el cierre de empresas tiene efectos que trascienden el plano financiero y repercuten sobre distintos eslabones de la actividad económica.

Según el informe, la interrupción de operaciones implica la pérdida de relaciones comerciales, inversiones realizadas, equipamiento productivo y capacidades desarrolladas a lo largo del tiempo.

“La pérdida de una empresa no termina en un expediente. Cada cierre arrastra empleo directo e indirecto y rompe cadenas de valor”, indicó Pizzano.

Pedido de medidas transitorias

Frente a este escenario, el Observatorio IPA propuso la sanción de una legislación de emergencia económica y productiva orientada a brindar herramientas transitorias para las empresas en dificultades.

Entre las medidas planteadas figuran la suspensión temporal de determinadas ejecuciones judiciales, mecanismos preventivos para la reestructuración de pasivos y la ampliación de plazos en procesos concursales.

La entidad aclaró que su propuesta no apunta a modificar de manera permanente el régimen vigente, sino a establecer instrumentos excepcionales frente a la coyuntura actual.

“Se trata de una respuesta urgente y transitoria para que las empresas tengan tiempo de recuperarse y evitar que la crisis termine en quiebra”, sostuvo Pizzano.

El informe concluye que una eventual recuperación del mercado interno y del crédito productivo será determinante para mejorar las condiciones de funcionamiento del sector y favorecer la continuidad de las empresas.

En ese marco, el Observatorio consideró que el debate sobre posibles herramientas de asistencia debería formar parte de la agenda legislativa vinculada a la actividad productiva y el empleo.